Mediante el amparo impulsado por varias organizaciones civiles del país que se oponen a la militarización
La jueza Karla María Macías Lovera, suspendió temporalmente el decreto en el que transfiere el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA).
Se estableció y ordenó que el cuerpo civil permaneciera bajo el mando de la SSPC, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
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La juzgadora, quien es novena de Distrito en Guanajuato, confirmó la suspensión definitiva a Ángel Castro Gómez, quien es el miembro del organismo no gubernamental ‘Uniendo caminos México’, el organismo no gubernamental
Asimismo, la transferencia de recursos presupuestarios financieros y materiales que establecía el decreto quedarán suspendidos bajo la suspensión definitiva impuesta por la jueza.
Las autoridades federales tienen tres días para cumplir con las órdenes de la jueza, después de ser notificados, si se hace caso omiso de las órdenes, se deberá cumplir una multa de 9,622 pesos o nueve años de prisión.
Karla Macías, la jueza en cuestión, argumentó que el ejercicio del decreto, amedrenta los derechos alegados por la organización, ya que el uso de fuerza, el armamento y el equipo que emplea la SEDENA, son distintos a los que usualmente utilizan las corporaciones civiles, esto de acuerdo con el expediente 1161/2021.
El artículo constitucional establece que las instituciones de seguridad serán de carácter civil por lo que
“existe una prohibición de normalizar la participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad ciudadana”.
El próximo 7 de noviembre se llevará a cabo la audiencia constitucional del caso.
