Gerardo Alarcón López, juez de control, decidió aplazar audiencia intermedia en el caso de Odebrecht y Agronitrogenados debido a que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aumentó 200 por ciento el monto establecido al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, como parte del acuerdo reparatorio.
La paraestatal y la UIF aumentaron el monto a 30 millones de dólares, el monto de reparación de daño por el desfalco en el caso Odebrecht y Agronitrogenados.
Los representantes legales del gobierno no lograron alcanzar un acuerdo, por lo que la audiencia fue pospuesta hasta el próximo 31 de agosto.
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Según argumenta la defensa de Lozoya, tanto Pemex como la UIF acordaron incrementar de 10.7 millones de dólares a 30 millones de dólares sin justificación aparente y sin tomar en cuenta, en al menos tres reuniones, a la Fiscalía General de la República.
Durante su intervención, Lozoya acusó al Gobierno de querer extorsionarlo, ya que calificó como exagerado el nuevo monto de la reparación del daño. Asimismo, su abogado, Miguel Ontiveros, aseguró que el acto era ilegal debido a que el monto de los 10.7 millones de dólares ya habían sido aprobados por el Consejo de Administración de Pemex.
El exdirector de Pemex también sostuvo que la narrativa del Gobierno es “falsa e inverosímil” y que lo que “piden es 200% más; lo que es inmoral, ilegal y raya en extorsión”.
