Una investigación realizada por el medio ‘El Faro’ demostró que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele y otros miembros de su gobierno, buscaron realizar un pacto con organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para lograr la captura de Élmer Canales Rivera, alias “Crook” y uno de los jerarcas nacionales de la Mara Salvatrucha (MS—13).
Canales ya había sido capturado por el gobierno de El Salvador, no obstante, salió libre en secreto en 2021, como parte de los acuerdos que Bukele pactó con la MS—13 y las dos de la M—18, según El Faro.
“Cuando (Canales) fue liberado, el veterano pandillero de la MS-13 estaba condenado a 40 años de prisión y solicitado en extradición por EU. Esto último agregaba otro elemento de premura al gobierno salvadoreño: saber que no era el único participando en la cacería”, informó el medio.
El gobierno de Bukele “estuvo dispuesto a pagar un millón de dólares al poderoso cártel mexicano Jalisco Nueva Generación para que raptara al líder pandillero y lo entregara –de preferencia vivo– en una ubicación secreta”, añadió el medio digital.
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Además, la fuente aseguró que “comprobó” que el inspector salvadoreño Raúl Eduardo Reyes Escuintla, jefe de la División Élite Contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional Civil de El Salvador, “se involucró durante varios meses de 2023 en conversaciones” con “coyotes” o traficantes de personas “y un líder pandillero prófugo”.
Según la revelación periodística, las autoridades salvadoreñas “revelaron” a ese fugitivo “información de inteligencia, pagaron viáticos y concedieron la liberación de su hermana a cambio de que negociara con el Cártel Jalisco Nueva Generación la recaptura” de “Crook”, ya detenido en EEUU.
Bukele implantó desde marzo de 2022 un sistema en El Salvador para restablecer la seguridad ciudadana al imponer un estado de excepción con fuerzas militares y policiales, ejecutar arrestos masivos, indiscriminados y arbitrarios, efectuar juicios multitudinarios con sentencias en bloque y construir cárceles para 40 mil reclusos.
El cuestionado mandatario mandó encarcelar a más de 70 mil presuntos criminales—mujeres y hombres, menores de edad y en especial miembros de las pandillas—y logró reducir los homicidios y otros índices, pero agravó las presuntas violaciones a los derechos humanos atribuidas a las estructuras estatales de seguridad.
El Faro recordó que Bukele sostuvo en 2020 negociaciones con las pandillas dentro de penales de máxima seguridad para “conseguir que el número de asesinatos en El Salvador” mantuviera su ritmo a la baja. Bukele negó esas negociaciones. El Faro insistió en que, en esas gestiones, las maras pidieron “mejoras en las condiciones de vida carcelarias y beneficios para sus miembros en libertad”.
Con información de El Universal.
