DEMANDA DEL GOBIERNO DE MÉXICO

Los fabricantes de armas en Estados Unidos solicitaron a la Corte recibir su denuncia, en la cual buscan evitar la demanda del Gobierno de México en su contra.

Anteriormente, el país azteca emitió una denuncia por 10 mil millones de dólares en contra de las fabricadoras por, supuestamente, facilitar el tráfico de estas hacia el crimen organizado.

El pasado mes de enero la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos, con sede en Boston, anuló la decisión de un juez que desestimaba el caso, por lo que la denuncia continúa.

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La demanda, presentada por México en 2021, estipula que las empresas socavaron sus estrictas leyes sobre armas al diseñar, comercializar y distribuir armas de asalto de estilo militar de maneras que sabían que apoyarían a los cárteles de la droga, lo que facilitó asesinatos, extorsiones y secuestros en el país latinoamericano.

México señala a ocho empresas en particular por el tráfico de al menos el 68 por ciento de las más de 500 mil armas que cruzan la frontera con Estados Unidos de manera ilegal, algunas de estas son:

  • Sturm
  • Ruger & Co
  • RGR.N
  • Beretta USA
  • Barrett Firearms Manufacturing
  • Colt’s Manufacturing Co 
  • Glock Inc

La denuncia del Gobierno mexicano busca recibir 10 mil millones de dólares por las afectaciones que las armas han ocasionado en el país, pues según las autoridades esto ha incentivado

  • Altas tasas de muertes relacionadas con posesión de armas
  • Disminución de la inversión y la actividad económica
  • Necesidad de gastar más en seguridad pública
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Andrew Lelling, abogado de Smith & Wesson, dijo en la audiencia del viernes que había una “posibilidad razonablemente buena” de que la Corte Suprema aceptara escuchar su apelación y pidió al juez de distrito, Dennis Saylor, que pusiera el caso en espera hasta que los jueces decidan sobre la petición.

Lelling añadió que la apelación se centraría en si los reclamos de México están vetados por una ley federal sobre comercio de armas conocida como PLCAA, que brinda a los fabricantes una extensa protección contra demandas por el uso indebido de sus productos.

Con información de Milenio.

Por Javier Zamora

Editor

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