La Secretaría de Gobernación (Segob) ha alertado sobre las implicaciones potenciales de la invalidación del artículo 19 de la Constitución Mexicana [la prisión preventiva oficiosa] por parte de la Suprema Corte; Según la secretaria, Luisa María Alcalde, esta medida podría llevar a la liberación de hasta 68 mil presuntos delincuentes en el país.
Alcalde señaló que la SCJN está excediendo sus funciones al asumir unilateralmente la decisión de anular la prisión preventiva oficiosa, como respuesta a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Esta acción, según la Segob, impactaría directamente en el sistema de justicia penal mexicano y tendría graves consecuencias para la seguridad pública.
La secretaria de Gobernación destacó que la resolución de la SCJN obliga a todo el Estado mexicano, pero criticó que la Corte haya asumido la sentencia para interpretarla y determinar cómo México debe implementarla, descartando otras opciones como la revisión por parte del Congreso de la Unión.
.@LuisaAlcalde pide a la @SCJN respetar la Constitución
La secretaria de Gobernación se pronunció en contra de la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, por lo que pidió a la Corte "respetar la división de poderes. No excederse en sus facultades. Considerar las graves… pic.twitter.com/eojEzuyLuD
— Político MX (@politicomx) April 16, 2024
Riesgos para la seguridad y el sistema judicial
La Segob expresó su preocupación por las repercusiones de esta medida, especialmente en lo que respecta a la seguridad ciudadana; según Alcalde, desactivar la prisión preventiva oficiosa implicaría la posible liberación de un gran número de presuntos delincuentes, lo que aumentaría el riesgo de fuga y la inseguridad en diversas regiones del país.
La funcionaria detalló que esta medida afectaría especialmente a estados como el Estado de México, Jalisco y Veracruz, debido a la cantidad de presuntos delincuentes que podrían quedar en libertad.
Además, advirtió que esto pondría en riesgo a testigos, víctimas, personal policial y judicial, así como a la población en general.
Advertencia sobre los riesgos
Ante este panorama, el Gabinete de Seguridad decidió enviar una carta a cada uno de los ministros de la SCJN para advertirles sobre los riesgos que implica tomar una decisión sin considerar las consecuencias para la paz y la seguridad en el país.
María Luisa Alcalde afirmó que la Corte está excediendo sus facultades y subrayó la importancia de dimensionar adecuadamente el impacto de sus decisiones.
La Segob señala que ninguna instancia extranjera tiene la autoridad para ordenar a México modificar su constitución o su régimen político, en este caso en particular el manejo de la prisión preventiva oficiosa; cualquier intento de hacerlo sería considerado como una injerencia inadmisible en los asuntos internos del país.
En conclusión, la invalidación del artículo 19 de la Constitución Mexicana [la prisión preventiva oficiosa] por parte de la SCJN representa un tema de gran relevancia que genera preocupación en el ámbito gubernamental y judicial.
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