La juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, Raquel Duarte Cedillo, ordenó la libertad de los ocho militares acusados de delincuencia organizada y desaparición forzada de los 43 normalistas en el Caso Ayotzinapa.
Esta decisión representa la segunda vez que la jueza cambia la medida cautelar de prisión preventiva a Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz, quienes continuarán su proceso en libertad.
Tras esta resolución ya no está en prisión ningún militar implicado en el Caso Ayotzinapa ni integrantes de las Fuerzas Armadas presuntamente vinculados con la organización de los Guerreros Unidos.
Durante la audiencia, la jueza desestimó la postura de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional sobre la posibilidad de que los militares evadan la justicia a causa de las acusaciones que enfrentan.
La juzgadora habría impuesto como medida cautelar el pago de la garantía de 100 mil pesos y la firma periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares los días 1 y 16 de cada mes.
Militares involucrados en Caso Ayotzinapa fueron a la cárcel en febrero
Apenas en febrero pasado, la misma juzgadora dictó formal prisión a los ocho militares acusados por el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ya que consideró que existían hay pruebas suficientes de que recibieron sobornos del grupo criminal Guerreros Unidos.
Según fuentes consultadas por medios nacionales, la imputación por delincuencia organizada contra los militares está fundamentada en el testimonio de los testigos protegidos, ‘Carla’ y ‘Neto’, presuntos delincuentes vinculados a la desaparición de los normalistas, y quienes habrían asegurado que los soldados probablemente recibían dinero por dar protección al grupo criminal Guerreros Unidos.
Al respecto, la defensa de los acusados reveló que denunciará a los funcionarios públicos, entre ellos el fiscal especial del caso, Rosendo Gómez, debido a que, según ellos, ha llevado a cabo la investigación por mala praxis y que recurrirán esta última decisión de la juez Duarte Cedillo, a quien reprochan que haya “comprado las falsedades”
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