El pasado lunes comenzaron los primeros alegatos en el juicio del exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, acusado de aceptar sobornos para ayudar a los narcotraficantes.
El juicio contra García Luna es acusado de recibir portafolios llenos de efectivo millones de dólares en total para permitir que miembros del Cártel de Sinaloa llevaran a cabo actividades delictivas con total impunidad, entre las que destacaba el envío de toneladas de cocaína a Estados Unidos.
El fiscal federal Philip Pilmar leyó los argumentos que acusaban al exfuncionario e indicó que García Luna tenía “un segundo trabajo, un trabajo más sucio y mucho más rentable”.
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“La persona que se suponía que estaba a cargo de luchar contra el cártel de Sinaloa en realidad era su bien más valorado… y con su ayuda, el cártel ganó millones”, dijo el fiscal federal asistente Philip Pilmar al jurado. Calificó a García Luna como “un hombre que traicionó a ambos países: el suyo y el nuestro”.
Además, aseguró que García Luna tomaba un papel de “héroe del combate a las drogas ilícitas” en ambas naciones, pero el fue el responsable de que el cártel obtuviera los siguientes beneficios por parte del gobierno:
- Recibir información sobre las investigaciones policiaca
- Garantizar el paso para el tráfico de cocaína a través de puntos de revisión policiales y escoltas policiales
- Entrega de insignias oficiales para miembros del cártel.
- Participación de agentes para entregar cargamentos de drogas personalmente de los aeropuertos y actuar como mercenarios para matar a personas que el cártel quería desaparecer
Ante esto, el abogado principal del acusado, César de Castro, le dijo a los miembros del jurado que la acusación del gobierno se basa en “rumores, especulación y las palabras de algunos de los mayores criminales del mundo”.
“Ningún dinero, ninguna foto, ningún video, ningún texto, ningún email, ninguna grabación, ningún documento, ninguna prueba creíble, verosímil, de que Genaro García Luna ayudaba al cártel”, dijo el abogado en su alegato inicial. Describió el caso como “un alarde muy público y airado” de un gobierno de Estados Unidos que abandonó a su socio en la lucha contra las drogas.
