Diversas comunidades mayas de entidades como Campeche, Yucatán y Quintana Roo argumentaron que si el Gobierno de México no cumplió con su obligación de obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades, sería imposible restaurar sus derechos debido a que las obras del Tren Maya están avanzando.
Asimismo, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) dio a conocer que varias de estas comunidades ingresaron a tribunales una queja contra la negativa de los jueces a suspender las obras del Tren Maya tras más de dos años en juicio.
Desde el Cemda aseguran que la decisión de no otorgar la suspensión en lo que resuelve el caso legal significa una violación a su acceso a la justicia, derecho a la información y al consentimiento a través de un proceso de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada.
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Según lo estipulado en el Observatorio de Deforestación Neta Cero, alrededor de nueve mil 786 hectáreas por año serían desforestadas con la construcción y entrada en operación del proyecto.
El Cemda auxilió a las comunidades para interponer este recurso legal y ha sido la misma asociación qiuien los ha asesorado desde inicio de la lucha legal contra el proyecto.
“Insistimos en que, negar la suspensión a petición de parte dejará sin protección a las personas demandantes con lo cual se estaría violentando su derecho de acceso a la justicia y los derechos en juego en el litigio”, indicó el Cemda.
A nombre de las comunidades demandantes “hacemos un llamado a las Magistradas y el magistrado que integran el Tribunal Colegiado a basar su resolución considerando que los derechos que se estiman violados son de naturaleza previa. Esto quiere decir que, si se permite que las obras del Tren Maya continúen hasta que concluya el litigio, se habrá afectado ya el patrimonio natural, la tierra y el territorio en el que habita el pueblo maya y que constituye su forma de vida”.
