El Congreso de El Salvador aprobó una nueva prórroga del régimen de excepción puesto en marcha hace casi un año bajo el argumento de combatir la violencia de las pandillas en el país centroamericano, pero que ha desatado denuncias de organismos de derechos humanos.
El régimen de excepción, autorizado en marzo del 2022 por el Congreso a propuesta del presidente, Nayib Bukele, suspende garantías constitucionales como la libertad de asociación, privacidad de las comunicaciones, garantías al debido proceso, el derecho a contar con un abogado, entre otras. Además, amplió de 72 horas a 15 días el plazo de detención preventiva.
Su ampliación fue aprobada el miércoles por la noche por los legisladores oficialistas, que son mayoría, mientras continúan las críticas de defensores de derechos humanos que aseguran que las autoridades han aprehendido y encarcelado inocentes y cometido abusos contra la población, amparadas en el combate al crimen, además de la falta de transparencia en torno a la estrategia de seguridad del gobierno.
La nueva prórroga se aprobó con los votos a favor de 67 de los 84 diputados del Congreso unicameral. Ocho diputados opositores se abstuvieron, siete votaron en contra, y dos no asistieron a la sesión.
Según la Constitución, el régimen de excepción se debe de aprobar por 30 días y se puede prorrogar, como ha sucedido en los últimos 12 meses, mientras existan las causas que lo originaron.
