El robo de abejas se ha convertido en un delito creciente y preocupante para los productores apícolas del Estado de México; de acuerdo con Javier Reyes Escamilla, presidente de la Unión Ganadera Regional Centro-Norte, este fenómeno ha incrementado considerablemente durante los últimos cinco años, afectando gravemente a la economía rural.
Las zonas más afectadas por el robo de abejas son los municipios del sur mexiquense, particularmente Tonatico, Ixtapan de la Sal y Coatepec Harinas. En estas regiones, la sustracción de colmenas se ha vuelto una práctica recurrente, provocando un alza superior al 100% en el precio de la miel y afectando directamente a los pequeños y medianos apicultores.
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Robo de colmenas: pérdidas millonarias y falta de legislación
Cada caja robada contiene cerca de siete panales y una colonia de aproximadamente 40 mil abejas, con un valor estimado de 7 mil pesos: en muchos casos, los hurtos ocurren durante la noche, y se ha señalado que hasta ocho meses de trabajo pueden perderse en una sola jornada.
Las autoridades han sido rebasadas por la magnitud del problema: actualmente, no existe una legislación específica que penalice de forma efectiva el robo de abejas, lo que dificulta que los apicultores recuperen sus pérdidas o se haga justicia.
De hecho, más del 75% de los elementos de seguridad estatal se concentran en zonas urbanas, dejando desprotegidas a las comunidades rurales donde ocurre este delito.
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Producción apícola en riesgo por inseguridad rural
El Estado de México ocupa el undécimo lugar nacional en producción apícola: las regiones de las faldas del Nevado de Toluca y el Iztaccíhuatl-Popocatépetl albergan aún métodos tradicionales de recolección de miel.
No obstante, el robo de abejas pone en riesgo esta actividad económica vital, de la cual dependen más de 2 mil personas en la entidad.
El impacto no solo se refleja en la pérdida económica directa, sino en la desarticulación del tejido productivo local. La inseguridad en las zonas rurales, exacerbada por la falta de vigilancia y políticas públicas, ha dejado a los apicultores vulnerables ante un delito que, aunque poco visible, amenaza la sostenibilidad de la apicultura en el país.
