La presidenta Claudia Sheinbaum informó este martes que su administración presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por el presunto uso ilegal de agua en su rancho.
El anuncio se da tras la intervención de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que demolió cinco represas construidas sin autorización dentro de la propiedad del exmandatario. Las obras, según autoridades federales, acaparaban alrededor de 700 mil metros cúbicos de agua para uso privado.
Duarte construyó las represas durante su sexenio: Conagua
En conferencia desde Palacio Nacional, Efraín Morales López, director general de Conagua, detalló que las represas fueron edificadas durante el periodo de gobierno de Duarte sin permisos correspondientes. Indicó que el volumen de agua almacenado beneficiaba de manera personal al exgobernador priista.
Morales también señaló que parte de esa agua pertenece a la cuenca contemplada en el Tratado de Aguas de 1944 entre México y Estados Unidos, lo que representa una implicación internacional.
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El proceso administrativo comenzó con una notificación oficial por parte de Conagua, seguida por el inicio de la demolición de las estructuras. No obstante, esta acción fue frenada por una suspensión provisional otorgada por una jueza, a solicitud de personas que dijeron ser familiares de Duarte. Morales criticó que la misma jueza ya había emitido una suspensión similar para detener la distribución de libros de texto gratuitos en Chihuahua.
Además, Conagua identificó que en la misma propiedad también existe un pozo, y adelantó que se están revisando las concesiones de agua a nivel nacional. Hasta la fecha, se han clausurado más de 250 tomas ilegales en distintos estados.
Por su parte, Sheinbaum reveló que durante la administración anterior se perdió información clave sobre concesiones hídricas debido a un incendio en las oficinas de Conagua, en el piso donde se almacenaban los registros. Este hecho ha dificultado los esfuerzos de regularización y fiscalización.
La presidenta reiteró que su gobierno continuará con la supervisión del uso del agua en todo el país, y que no se permitirán prácticas que afecten el interés público.
