El estado de Chiapas ha vuelto a ser noticia nacional después de que el sacerdote Marcelo Pérez fuera asesinado este domingo en el municipio de San Cristóbal de las Casas. El cura, que también era activista contra la violencia, ya había denunciado amenazas recibidas en días recientes, pero eso no impidió que le dispararan mientras salía de misa en una camioneta.
No se habían cumplido ni 24 horas del homicidio del sacerdote, cuando el Ayuntamiento de Chilón, también en Chiapas, reportó un atentado armado en contra de su alcalde. El presidente municipal, Mario Hernández Aguilar, salió sorpresivamente ileso luego de que hombres armados le dispararan en la localidad de Yaalton. Horas más tarde, Hernández Aguilar interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, que ya está llevando a cabo las investigaciones necesarias.
La violencia política en Chiapas registra una alta incidencia en las últimas semanas. El pasado 15 de octubre, el cuerpo de Clemente Gómez, ex alcalde de San Andrés Duraznal, fue encontrado sin vida a orillas de un río. El alcalde había dejado el cargo hace apenas dos semanas, en lo que apunta a ser una consecuencia de alguna rencilla surgida durante su administración.
El Ejército también mata en Chiapas
A principios de octubre, el Ejército Mexicano se vio implicado en el asesinato de seis migrantes en Chiapas. Las víctimas viajaban en una camioneta de redilas, cuando los militares abrieron fuego contra ellos al supuestamente confundirlos con criminales.
El caso escaló a nivel nacional y los dos elementos del Ejército que dispararon fueron inmediatamente superados de su cargos y puestos bajo investigación. No se esclareció la identidad de las víctimas mortales, pero trascendió que en el grupo de 33 personas que viajaban en la camioneta había migrantes latinos, asiáticos y africanos. Hasta la fecha, no ha trascendido alguna sentencia en contra de los agresores.
Condenas verbales, sin casos resueltos
Durante la conferencia mañanera de este lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez y lamentó la situación de violencia que vive Chiapas. Sin embargo, al igual que sucede con la mayoría de los casos de homicidios dolosos en el país, el repudio público no viene acompañado de justicia.
“Lamentamos el homicidio del padre Marcelo Pérez en San Cristobal de las Casas. Se está haciendo la investigación y el día de ayer la secretaria de Gobernación estuvo en comunicación con el gobierno estatal. Estamos coordinándonos para poder avanzar en la investigación y que este crimen no quede impune”, señaló Sheinbaum desde Palacio Nacional. Tanto a nivel nacional como a nivel local, las autoridades suelen afirmar estar iniciando diligencias o investigando crímenes que muy pocas veces encuentran resolución.
Chiapas, espacio de disputa entre grupos criminales
El origen de la violencia en Chiapas proviene de fuertes disputas territoriales entre grupos criminales. El Cartel Jalisco Nueva Generación ha expandido sus operaciones en la zona y ha rivalizado con grupos locales. Estos grupos no solo se enfrentan entre sí, sino que también extorsionan y secuestran a civiles, profundizando la crisis de inseguridad.
Chiapas, que comparte una considerable frontera con Guatemala, se ha convertido en un punto estratégico para el tráfico de drogas y armas. Además del traslado de sustancias y armamento ilícito, Chiapas también se ha convertido en un epicentro del tráfico de personas. Día tras día, los grupos criminales que operan en la región se dedican a reclutar migrantes de manera forzosa para nutrir sus organizaciones.
A este caldo de cultivo, se suma la creciente militarización del estado, que no ha surtido efecto, sino todo lo contrario. Incluso en algunos municipios de Chiapas, los pobladores locales han acusado a las fuerzas de seguridad de estar coludidos con los grupos armados. También el creciente conflicto entre comunidades indígenas y organizaciones militares no hace más que escalar la violencia. El despojo de tierras ha llegado hasta territorios antes controlados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que ya ha denunciado el acoso de grupos paramilitares.
Además de pagar el precio de la violencia con la vida, la población en Chiapas también ha tenido que ceder al desplazamiento forzado. Son miles las personas que han tenido que dejar atrás sus hogares buscando algún refugio en otro lado. Al convertirse en nómadas obligados, se exponen a los mismos riesgos a los que se exponen miles de migrantes que transitan por el sureste del país.
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