La Corte Suprema de EEUU autorizó este lunes al gobierno del presidente Donald Trump a reanudar las deportaciones de migrantes a terceros países, incluso sin darles oportunidad de presentar pruebas de los riesgos que podrían enfrentar, lo que representa un revés para defensores de derechos humanos y una victoria para la agenda de deportaciones masivas impulsada por el mandatario.
La decisión se tomó con 6 votos a favor y 3 en contra, en una votación donde solo las juezas progresistas se opusieron a la medida. Con este fallo, se suspende un mandato previo del juez Brian Murphy que impedía al gobierno deportar sin garantías mínimas a migrantes que podrían enfrentar tortura o persecución en los países receptores.
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Administración Trump: “Que se pongan en marcha los aviones”
La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, celebró el fallo y aseguró que ahora la administración podrá ejercer su autoridad legal y expulsar a migrantes indocumentados a países dispuestos a recibirlos, sin importar su nacionalidad. “¡Que se pongan en marcha los aviones de deportación!”, declaró.
La jueza Sonia Sotomayor, junto con las otras dos magistradas liberales, criticó duramente la decisión, calificándola como “un abuso flagrante de la discrecionalidad del tribunal”. En su opinión, la Corte está permitiendo que miles de personas sufran violencia por no garantizarles el derecho a una defensa adecuada antes de ser expulsados.
El caso Sudán del Sur: riesgos ignorados
El fallo surgió tras el intento del gobierno de Trump de deportar a ocho migrantes a Sudán del Sur, país que el Departamento de Estado considera peligroso y en conflicto armado. De esos ocho, solo uno era originario del país africano; el resto provenía de Cuba, México, Laos, Birmania y Vietnam.
Por órdenes del juez Murphy, el traslado fue detenido, y los migrantes quedaron varados en una base aérea en Yibuti, junto con once agentes migratorios. Según el gobierno, las condiciones eran “deplorables” y existía riesgo de ataques desde Yemen.
Acuerdo con El Salvador y otras medidas
La administración Trump también ha buscado acuerdos con terceros países, como El Salvador, que aceptó recibir a más de 200 migrantes en una megacárcel por un periodo de un año, a cambio de 6 millones de dólares. Según organizaciones de derechos humanos, muchos de los detenidos permanecen incomunicados.
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Con esta decisión, la Corte EEUU vuelve al centro del debate por su papel en validar políticas cada vez más agresivas contra los migrantes. La ley estadounidense prohíbe deportaciones a países donde una persona pueda enfrentar tortura, pero el fallo permite realizar expulsiones sin una audiencia previa, lo que preocupa a expertos legales y organizaciones internacionales.
