Por el delito de delincuencia organizada, la jueza federal Raquel Duarte Cedillo dictó formal prisión a los ocho militares acusados por el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, al considerar que hay pruebas suficientes de que recibieron sobornos del grupo criminal Guerreros Unidos.
Los ocho elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) habían sido procesados anteriormente por desaparición forzada en el caso Ayotzinapa y alcanzado su libertad condicional tras pagar 50 mil pesos.
No obstante, desde el pasado 1 de febrero, cuatro de ellos fueron arrestados nuevamente cuando cumplían con su cita a firmar y reportarse en un juzgado. El resto de acusados se entregó voluntariamente tras conocer la nueva imputación en su contra.
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La jueza titular del juzgado segundo de distrito en procesos penales federales de Toluca, Estado de México, consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) ofreció indicios suficientes para someterlos a un nuevo proceso.
Ahora, los militares presuntamente implicados en el caso Ayotzinapa permanecerán en calidad de detenidos en la prisión del Campo Militar 1-A durante la resolución de su caso.
Estos son los ocho militares imputados:
- Gustavo Rodríguez de la Cruz
- Omar Torres Marquillo
- Juan Andrés Flores Lagunes
- Ramiro Manzanares Sanabria
- Roberto de los Santos Eduviges
- Eloy Estrada Díaz
- Uri Yashiel Reyes Lazos
- Juan Sotelo Díaz
Según fuentes consultadas por medios nacionales, la imputación por delincuencia organizada contra los militares está fundamentada en el testimonio de los testigos protegidos, ‘Carla’ y ‘Neto’, presuntos delincuentes vinculados a la desaparición de los normalistas, y quienes habrían asegurado que los soldados probablemente recibían dinero por dar protección al grupo criminal Guerreros Unidos.
Al respecto, la defensa de los acusados reveló que denunciará a los funcionarios públicos, entre ellos el fiscal especial del caso, Rosendo Gómez, debido a que, según ellos, ha llevado a cabo la investigación por mala praxis y que recurrirán esta última decisión de la juez Duarte Cedillo, a quien reprochan que haya “comprado las falsedades”
