La disputa sobre los contenidos de los libros de texto gratuitos de la SEP llegará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras la negativa de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de detener la impresión de estas herramientas.

Anteriormente, una jueza ordenó la detención de las impresiones debido a la forma en la cual los contenidos fueron seleccionados y aprobados, pues se violó el debido proceso que la Ley General de Educación estipula. 

De acuerdo con una investigación realizada por Animal Político, abogados especialistas señalaron que se aprobó la impresión a pesar de que la Ley estipula que primero se deben dar a conocer los planes de estudio, los programas, además de realizar consultas con todos los sectores involucrados como organizaciones civiles y padres de familia.

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Miguel Ángel Ortiz, abogado consultado por Animal Político, detalló que a pesar de que los programas de estudio se publiquen en el Diario Oficial de la Federación (DOF), esto no validaría la impresión, sino que únicamente serviría para comprobar que el proceso fue ilegal y violó la Ley General de Educación.

“Sería una prueba de que la elaboración de los materiales fue ilegal, por resultar contraria a la Ley General de Educación que establece que la documentación debe ser publicada con anterioridad al proceso de producción”, comentó Ortiz.

¿QUÉ PASA SI SE PROHÍBE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS LIBROS GRATUITOS DE LA SEP?

Según Miguel Ángel Ortiz, abogado de la organización Educación con Rumbo, en caso de que la SCJN atraiga la disputa judicial y se prohíba la entrega de los libros, no quiere decir que el ciclo escolar se verá afectado, pues se tendrán que utilizar los libros que actualmente están aprobados. 

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Miguel Ángel Ortiz remarcó que la SEP ha incumplido con la Ley General de Educación, cuya nueva versión fue discutida y promulgada durante la actual administración, en septiembre de 2019; ahí se establece la obligatoriedad de publicar —previo a la elaboración de los libros— los planes y programas del ciclo escolar por iniciar, mismos que, al igual que los materiales educativos basados en ellos, deben ser consultados entre padres de familia.

Por Javier Zamora

Editor

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