La Fiscalía General de la República (FGR), dirigida por Alejandro Gertz Manero, ha sido cuestionada por el uso de un software de intervención de ubicaciones en 135,000 ocasiones entre 2019 y 2021; la Fiscalía sólo justificó el uso con autorización judicial en el 0.24% de los casos, levantando serias preocupaciones sobre la legalidad y la transparencia de estas acciones.
El análisis de los datos reveló que la FGR adquirió el software Geomatrix, capaz de rastrear la ubicación de celulares mediante redes telefónicas.
Según los contratos número PGR/SEIDO/DGCTC/GSPN/001/2018, PGR/SEIDO/DGCTC/GSPN/003/2018 y FGR/SEIDO/DGCTC/GSPN/001/2019, se gastaron 142.9 millones de pesos en estas adquisiciones entre 2018 y 2019.
La empresa Neonlix de México S. A. de C. V. realizó la compra, y su vigencia de uso se extendió hasta 2021.
A pesar de la magnitud del uso de Geomatrix, la FGR solo presentó 328 solicitudes ante jueces federales para realizar geolocalizaciones, obteniendo autorización en todas ellas; esto representa solo el 0.24% de los 135,000 usos reportados, contradiciendo el mandato legal de solicitar siempre autorización judicial para este tipo de intervenciones.
La FGR se negó a proporcionar detalles específicos, argumentando que la información estaba clasificada bajo la categoría de “investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada”.
#HoyEnAnimal | La @FGRMexico, encabezada por Alejandro Gertz Manero, gastó 142.9 mdp para rastrear celulares en 135 mil ocasiones entre 2019 y 2021, pero sólo presentó 328 peticiones ante jueces federales, es decir, en 0.24% de los casos.https://t.co/XN4zZEQdsY
— Animal Político (@Pajaropolitico) July 9, 2024
Falta de transparencia de la FGR
Animal Político confirmó que la FGR adquirió y utilizó el software Geomatrix a través de múltiples solicitudes de información y recursos de revisión: aunque la Fiscalía aseguró que todas las consultas se realizaron con autorización judicial, la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) reportó solo 328 solicitudes de vigilancia presentadas entre 2019 y 2021.
El software se utilizó en 135,000 ocasiones, una cantidad significativamente mayor.
Además, la Fiscalía reconoció haber vigilado a tres mil 157 personas entre 2018 y 2021, mediante intervenciones a comunicaciones privadas, obtención de datos conservados y extracción de datos, no solo a través de geolocalizaciones.
Esta cifra también supera las autorizaciones judiciales obtenidas, lo que sugiere un uso más amplio de las herramientas de vigilancia sin la debida supervisión judicial.
El director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Luis Fernando García Muñoz, criticó la legislación que regula la vigilancia de localizaciones, señalando que permite interpretaciones laxas.
García Muñoz calificó de “irracional” y “una tontería” que la FGR alegue no necesitar autorización judicial en ciertos casos por no requerir la colaboración de un concesionario de telecomunicaciones.
Esta ambigüedad en la redacción del artículo 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales facilita el abuso de las intervenciones a geolocalizaciones.
Han puesto en entredicho la gestión de Alejandro Gertz Manero en la Fiscalía General de la República por su uso excesivo y poco transparente del software de geolocalización Geomatrix.
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