Por medio de una carta enviada al director de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el senador Charles Grassley, se informó que un exinvestigador de dicha organización traficaba armas a México de manera ilegal. 

Según las investigaciones, el responsable de dicho tráfico era José Luis Meneses, un ciudadano mexicano que trabajó como investigador para la ATF en el consulado de Estados Unidos en Tijuana.

Meneses admitió que compraba armas y líneas de piezas de las mismas en una tienda de California, posteriormente, utilizaba su puesto en la ATF para cruzar la frontera sin revisión y vendía las armas en México,

La disputa por el tráfico de armas ha escalado de manera diplomática, pues tanto el gobierno mexicano como el estadounidense se han acusado de no hacer lo suficiente para eliminar este problema, el cual provoca que los cárteles de la droga tengan mayor arsenal.

Según la ATF, casi el 70 por ciento de las armas de fuego rastreadas, utilizadas para cometer delitos e incautadas en México, provienen de Estados Unidos.

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La carta de Grassley fechada el 18 de octubre, que cita el memorando de la ATF de 2017 y la información descrita como “divulgaciones de un informante”, acusó a la agencia de no realizar una investigación completa sobre el asunto.

“Si estas divulgaciones protegidas son verdaderas y precisas, ilustran una falla por parte de la ATF a la hora de responsabilizar a sus empleados por conducta criminal inapropiada”, según la misiva.

El texto también generó dudas sobre cuánta información los funcionarios estadounidenses dijeron a sus homólogos mexicanos sobre las acusaciones de tráfico de armas por parte de Meneses, un punto que podría avivar las tensiones entre los dos países.

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La ATF confirmó que había recibido la carta y dijo que, en general, investiga tales acusaciones y toma las medidas apropiadas, negándose a discutir detalles del caso.

Un funcionario del gobierno estadounidense dijo que eso es lo que sucedió en este caso.

Por Javier Zamora

Editor

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