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Nacional

Investigación contra Raúl Rocha Cantú salpica a funcionarios morenistas

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Javier Zamora

La investigación en la que está involucrado el empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, por su presunta participación en tráfico de armas y huachicol, también arrojó los nombres de diversos funcionarios y figuras vinculadas a Morena, de acuerdo con documentos judiciales a los que tuvo acceso la revista Proceso.

Hasta el momento, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha precisado si ya entrevistó a los servidores públicos mencionados en las intervenciones telefónicas ni si estos se encuentran formalmente bajo investigación, pese a que sus nombres aparecen en conversaciones intervenidas legalmente y que forman parte de una carpeta con órdenes de aprehensión vigentes.

Orden de aprehensión y llamadas intervenidas

La FGR obtuvo una orden de aprehensión el pasado 15 de noviembre contra Rocha Cantú y otros 12 presuntos integrantes de una organización delincuencial. En el expediente se incluyen intervenciones telefónicas realizadas a líneas vinculadas con Jorge Enrique Alberts Ponce, empresario relacionado con el caso y con el desfalco millonario de Segalmex.

En una conversación registrada el 12 de diciembre de 2024, Alberts Ponce dialogó con un hombre identificado como Jacob, presuntamente Alejandro Jacob Álvarez Arriaga, en la que se menciona a Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena.

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De acuerdo con el informe de investigación criminal SSPC/CONASE/SI-JR/00203/2024, presentado ante el juez de control Rodrigo Rosales Salazar, durante la llamada se hizo referencia a presuntos vínculos y gestiones relacionadas con cargos en fiscalías y supuestas cercanías políticas.

Perfil de los implicados en la carpeta

Según la carpeta de investigación, Alejandro Jacob Álvarez Arriaga sería subordinado de Daniel Roldán, alias El Dani, y presuntamente operaba el flujo, transporte y cobro de combustible traficado, además de mantener comunicación con proveedores, compradores y operadores logísticos.

El nombre de Luisa María Alcalde volvió a surgir en otro informe de investigación criminal (SSPC/CONASE/SI-JR/0206/2024), derivado de las llamadas intervenidas a Jacobo Reyes León, quien también aludió a supuestos contactos dentro del mismo círculo político.

Mención de Marcelo Ebrard y otros funcionarios

En una conversación del 15 de diciembre de 2024, Jacobo Reyes León mencionó al actual secretario de Economía, Marcelo Ebrard, al señalar que una camioneta blindada habría sido obsequiada por un familiar del funcionario a Guillermo Fragoso, dirigente sindical, de acuerdo con el informe de la FGR.

Posteriormente, en escuchas telefónicas surgió el nombre de Mari Carmen Ramírez Rodríguez, fiscal adscrita a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), quien presuntamente habría recibido pagos a cambio de información sobre las investigaciones. Actualmente, Ramírez Rodríguez es la única funcionaria mencionada que se encuentra vinculada a proceso y recluida en el penal femenil de Morelos.

Harfuch y Monreal también aparecen en las conversaciones

Otro nombre que figura en las grabaciones es el de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Según una llamada del 19 de diciembre de 2024, Reyes León aseguró haber sido invitado a un grupo relacionado con el funcionario, invitación que, dijo, rechazó.

Asimismo, el 10 de febrero de 2025, en una conversación entre Reyes León y un supuesto abogado identificado como Tony, surgió el nombre del senador Ricardo Monreal, en el contexto de una disputa por una deuda de 3 millones de pesos relacionada con el hijo de un legislador.

Sin claridad oficial

Pese a la gravedad de los señalamientos y a la amplitud de los nombres involucrados, la FGR no ha informado públicamente si los funcionarios mencionados han sido citados a declarar o si existe alguna línea de investigación formal en su contra, más allá del caso ya judicializado contra Rocha Cantú y otros presuntos integrantes de la red criminal.

El expediente continúa en integración, mientras el caso sigue generando repercusiones políticas y cuestionamientos sobre el alcance de las indagatorias federales.

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