Según la Fiscalía General de la República (FGR) Joaquín Guzmán López ha sido acusado de traición a la patria por el supuesto secuestro de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, presunto líder del Cártel de Sinaloa.
La razón de esta acusación se fundamenta en el artículo 123 del Código Penal Federal, en el cual se estipula lo siguiente:
“Se impondrá prisión de 5 a 40 años, al mexicano que cometa traición a la patria; señalando también que es responsable de ese delito, el que prive ilegalmente de su libertad a una persona en el territorio nacional, para entregarla a las autoridades de otro país, o trasladarla fuera de México con tal propósito”.
Ante lo señalado por la Constitución, el Ministerio Público Federal inició una investigación contra uno de los hijos de ‘El Chapo’ Guzmán.
No obstante, el Ministerio resaltó que las pruebas fundamentales para poder condenar a Joaquín Guzmán López se encuentran en Estados Unidos, por lo que deberán trabajar con las autoridades para poder recibirlas.
Principalmente, las autoridades mexicanas buscarán acreditar todo lo relacionado con el vuelo que trasladó a los integrantes del Cártel de Sinaloa.
Fiscalía solicita apoyo de Estados Unidos
De acuerdo con el documento de las autoridades mexicanas, estos fueron los elementos solicitados a los Estados Unidos.
En razón de todo lo anterior, se realizó una diligencia ministerial y de investigación policiaca en el aeropuerto “Doña Ana”, en Santa Teresa, Nuevo México, con la autorización del Gobierno de ese país, sin que se obtuvieran los datos necesarios para lograr establecer las responsabilidades ya referidas.
Por tal motivo, el área de Asuntos Internacionales de la FGR, e INTERPOL-México, han solicitado formalmente al Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América la siguiente información, la cual hasta hoy no ha sido proporcionada:
1. Documento de autorización previa de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) del vuelo en que llegaron Ismael “N” y Joaquín “N”.
2. Documento de la información anticipada sobre los pasajeros (API).
3. Informe del sistema de seguridad de radares de los E.U.A., en la zona fronteriza con México.
4. Constancia de las autoridades migratorias sobre la recepción de ese vuelo en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México (pilotos, pasajeros, pasaportes, visas vigentes).
5. Constancia de aduanas sobre identificación y revisión de personas y pertenencias.
6. Datos de identificación del piloto.
7. Número de matrícula que llevaba el avión al momento del aterrizaje, legalidad y origen de la matrícula.
8. Identificación de la aeronave.
9. Registros aeronáuticos de la FAA (Federal Aviation Agency), sobre la matrícula y serie de la aeronave, incluyendo análisis histórico.
10. Si el número de serie que aparece en la puerta de la aeronave, así como la matrícula N287KA, son los legales; y si históricamente le corresponden hoy en día a esa aeronave, o si existe alguna irregularidad al respecto.
11. Número de serie real de dicha aeronave; y si existió cambio de alguna pieza en que se haya modificado dicha serie.
Se nos ha informado que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha apoyado esta solicitud.
La FGR afirma que hizo una serie de solicitudes al gobierno de Estados Unidos, pero que al momento no ha recibido los datos requeridos.
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