Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador, es hospitalizado en Guayaquil

Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador, fue trasladado a un hospital en Guayaquil el lunes, según informó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores de Ecuador (SNAI), después de manifestar una aparente enfermedad derivada de su negativa a ingerir alimentos en prisión.

Glas, quien ha sido sentenciado en dos ocasiones por casos de corrupción y enfrenta actualmente nuevos cargos, fue detenido el viernes por la noche luego de que fuerzas policiales ecuatorianas ingresaran a la embajada de México en Quito; Glas buscó refugio desde diciembre, para posteriormente ser llevado a una cárcel en Guayaquil.

“Se determinó que la persona privada de la libertad Jorge G. sufrió una posible descompensación por su negativa a consumir los alimentos provistos por este Servicio de Estado, durante las últimas 24 horas”, dijo el SNAI en un comunicado.

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En observación

“El estado de salud de la persona privada de libertad Jorge G. es estable, y permanecerá en observación durante las próximas horas”, señalaron.

Sonia Vera, abogada de Glas, expresó en una carta abierta dirigida a los administradores de la prisión La Roca en Guayaquil, su preocupación por la falta de comunicación con Glas por más de 48 horas; lo cual calificó como una grave violación a los derechos del exvicepresidente.

Durante una conferencia de prensa, Vera detalló que Jorge Glas sufrió maltratos físicos durante su arresto. Presuntamente, los elementos castrenses lo arrojaron al suelo y lo golpearon en varias partes del cuerpo.

Glas recibió una primera condena de seis años de cárcel por aceptar sobornos de la constructora Odebrecht a cambio de adjudicar contratos gubernamentales.

El exvicepresidente estuvo encarcelado por más de cuatro años antes de ser liberado en 2022. También ha asegurado que los cargos en su contra son políticamente motivados, una afirmación que los fiscales han refutado.

En la actualidad, se enfrenta a acusaciones por presunta malversación de fondos. La acusación se debe a la reconstrucción de la provincia costera de Manabí tras el devastador terremoto de 2016.

 

 

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