Guardia Nacional

Con la Reforma Judicial aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación, Morena ya pone la mira en las próximas modificaciones constitucionales. Una de ellas es la reforma a la Guardia Nacional (GN), mediante la cual el oficialismo busca adscribir este cuerpo de seguridad a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Se espera que la modificación a los estatutos de la Guardia Nacional obtenga su declaratoria de publicidad en la Cámara de Diputados y se vote en el pleno para su aprobación esta semana.

La reforma pretende definir a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública, pero integrada por personal de formación militar. Además, la SEDENA será la encargada de manejar el presupuesto de la Guardia Nacional, así como de designar, por medio de una propuesta presentada al presidente, a los candidatos que busquen presidir el cuerpo policial. La medida también busca que los miembros de esta institución solo puedan ser juzgados por tribunales militares. Finalmente, la Guardia Nacional estará subordinada a acatar la estrategia nacional de seguridad, diseñada y establecida desde la Secretaría de Seguridad. En el plano general, la reforma abre la puerta para una mayor participación de los militares en funciones de seguridad pública, difuminando los actuales límites constitucionales.

La batalla por la Guardia Nacional

La militarización de la Guardia Nacional es un objetivo que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha perseguido desde hace tiempo y que busca concretar antes del final de su mandato. La medida recibió un revés de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en abril de 2023, cuando el órgano judicial invalidó la reforma por considerarla inconstitucional, con una mayoría de ocho contra tres. En aquel momento, los ministros que dieron respaldo a la modificación fueron Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Arturo Zaldívar, entonces ministro presidente de la SCJN y ahora coordinador político y asesor jurídico de la presidente electa, Claudia Sheinbaum. Este rechazo a la reforma dio origen al conocido como “Plan C”, que pasaba por reformar la SCJN, un objetivo conseguido la semana pasada con la aprobación de la Reforma Judicial. 

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