El Gobierno de El Salvador anunció que el país alcanzó los 1.000 días sin homicidios, un hito que el presidente Nayib Bukele atribuyó al Plan Control Territorial y al régimen de excepción implementado desde marzo de 2022: “1.000 días sin homicidios desde el inicio de nuestro gobierno”, escribió el mandatario en la red social X, reforzando la narrativa oficial de éxito en materia de seguridad.
Los registros oficiales difundidos por la Presidencia señalan que, entre enero y junio de 2025, se contabilizaron 38 homicidios y 68 desapariciones. No obstante, las estadísticas han sido objeto de cuestionamientos, ya que no incluyen muertes de presuntos pandilleros en enfrentamientos, hallazgos de osamentas ni decesos a manos de ciudadanos.
- Estas categorías sí eran consideradas en gobiernos anteriores, lo que genera discrepancias en la comparación histórica de cifras.
De acuerdo con datos divulgados por Nayib Bukele, durante su administración —iniciada en 2019— El Salvador acumula 5.688 homicidios y 2.548 desapariciones; aunque los índices de violencia han mostrado una reducción sostenida, especialistas recuerdan que la tendencia a la baja comenzó en 2016, tres años antes de que Bukele asumiera la presidencia.
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Seguridad, críticas y el costo político en El Salvador
El régimen de excepción, prolongado de manera continua durante tres años, ha resultado en la detención de alrededor de 90.000 personas acusadas de pertenecer a pandillas; si bien las medidas han sido respaldadas por amplios sectores de la población, también han sido señaladas por organismos internacionales por presuntas violaciones a los derechos humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que en El Salvador persisten denuncias de detenciones arbitrarias, torturas y falta de acceso a la defensa legal.
La estrategia de seguridad de Nayib Bukele ha sido presentada como un modelo exportable, con gobiernos de la región observando los resultados en homicidios; sin embargo, expertos en política pública señalan que su sostenibilidad dependerá de la institucionalidad y de la transparencia en el manejo de estadísticas.
A nivel regional, la reducción de homicidios en El Salvador ha colocado al país en una posición atípica frente a sus vecinos centroamericanos, históricamente afectados por altos índices de violencia.
Para el Ejecutivo, la consolidación de esta política de seguridad refuerza el liderazgo de Bukele, mientras que para sus críticos representa un desafío en materia de derechos y gobernanza democrática.
