Después de que los Guacamaya Leaks filtraran la información sobre que la Sedena y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador adquirieron un Software para espiar organizaciones civiles y periodistas, algunos colectivos incitaron a que se muestren pruebas de que no se realizó.
La solicitud de las organizaciones se presenta después de que el mandatario comentó en su conferencia de prensa matutina que las acusaciones eran falsas, por lo que le exhortan a presentar pruebas.
De acuerdo con los documentos filtrados, la Sedena intervino los teléfonos de dos periodistas y un activista social.
El motivo de la solicitud de las organizaciones es que la información afirma dichas intervenciones, no obstante, la Sedena y el presidente de la república no han negado la autenticidad de las acusaciones.
“La Sedena no desvirtúa de forma alguna lo publicado en la investigación ‘Ejército Espía’”. Por lo cual, “no refuta dos hechos comprobados con diversos documentos, cuya autenticidad no ha sido puesta en duda”, comunicó la Red en Defensa de los Derechos Digitales.
Asimismo, las organizaciones solicitaron al gobierno compartir en su totalidad los informes sobre los contratos relacionados a la contratación y prestación del “Servicio de Monitoreo Remoto de Información”.
Además, se cuestiona a las organizaciones de gobierno porque se filtraron los documentos de contratación de la compañía Comercializadora Antsua S.A. de C.V., no obstante, se informa que dicho gasto se le ocultó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Fiscalía General de la República (FGR) y R3D.
Por último, sostuvieron que no se presentaron pruebas para contradecir la infección a través del malware Pegasus en contra del activista Raymundo Ramos y de los periodistas, Ricardo Raphael y un miembro de Animal Político, tal como ha sido comprobado por Citizen Lab.
