El Poder Judicial de la Federación (PJF) pidió un presupuesto de 84 mil 792 millones de pesos para las labores que realizarán durante 2024.

La cantidad solicitada es mayor por 4 mil 146 millones al gasto que le fue autorizado por la Cámara de Diputados para el año en curso, el cual es de 80 mil 646 millones tras considerar la inflación.

“Para el ejercicio fiscal del 2024, conforme a las expectativas de inflación establecidas por la Secretaría de Hacienda al cierre de este año, el Poder Judicial federal solicita un incremento real del 4% del presupuesto aprobado para el 2023. Los recursos solicitados se traducen, aproximadamente, en el equivalente al 0.26% del Producto Interno Bruto (PIB) de nuestro país”, informó Norma Piña.

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Durante una sesión pública solemne en la que participaron 21 funcionarios del Poder Judicial en representación de más de 55 mil servidores públicos pertenecientes a la Judicatura federal, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, declaró que un posible corte presupuestal podría asfixiar los procesos del Poder Judicial y así, colocar a los más vulnerables en mayor desventaja para acceder a sus derechos.

“Desde el Poder Judicial federal asumimos la gran responsabilidad que tenemos de cara a la sociedad en cada sentencia, de cada acto que repercute en la vida de las personas. Sin embargo, nuestra actuación, como cualquier función pública, está directamente condicionada por la suficiencia presupuestal”.

Piña explicó que un posible debilitamiento del Poder Judicial federal, provocado por una insuficiencia presupuestal, “no implica una política de austeridad, sino que nos lleva al rompimiento del Estado de Derecho”.

“El acceso a la justicia es un derecho que le cuesta a la sociedad contribuyente. Es un derecho que no basta con enunciar formalmente en nuestro texto constitucional para que se haga realidad. Para que el derecho a la justicia sea efectivo, es indispensable que el Estado destine montos adecuados de los recursos que recauda”.

Recordó que proteger el acceso a la justicia para todos los mexicanos no solo es trabajo del Poder Judicial, sino que también corresponde directamente al Poder Legislativo para asignar los recursos necesarios.

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