La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictaminó medidas cautelares a favor del presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, y la vicepresidenta electa, Karin Herrera.
La decisión, anunciada el pasado jueves, se basa en informes que indican que Arévalo ha sido objeto de vigilancia, seguimiento, campañas de desprestigio e incluso amenazas de muerte, situaciones que se han intensificado después de la segunda vuelta electoral del 25 de junio de 2023.
En este contexto, la CIDH subrayó que ha recibido denuncias con respecto a dos planes potenciales para atentar contra la vida de Arévalo.
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Uno de estos planes, del cual el equipo de seguridad del presidente electo fue informado la semana pasada, supuestamente involucra la participación de agentes estatales y personas particulares, según se detalla en la resolución emitida por la CIDH.
Un segundo plan que fue comunicado a Arévalo directamente por el Ministerio Público (Fiscalía) el pasado lunes, el cual está vinculado con supuestas “estructuras criminales de pandillas”.
Según la CIDH, el Estado de Guatemala no ha tomado las medidas necesarias para proteger la seguridad del presidente electo, aun conociendo estas amenazas en su contra.
