Este miércoles, los fiscales que representan al Gobierno de Estados Unidos en el caso contra el presunto narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero declararon que podrían solicitar la pena de muerte para quien enfrenta una serie de cargos relacionados con el narcotráfico.
El juez de distrito Frederic Block cuestionó a un fiscal si la pena capital era una posibilidad para Caro Quintero, de 72 años, que se ha declarado inocente de cuatro cargos, entre ellos empresa criminal continuada y conspiración para la importación de cocaína.
“Es una posibilidad (…) Todavía no se ha tomado la decisión, pero estamos siguiendo el proceso”, respondió la fiscal Saritha Komatireddy. Block designó a Elizabeth Macedonio, abogada especializada en casos de pena de muerte, para ayudar a defender a Caro Quintero, quien formará pareja en su equipo legal junto al abogado litigante Michael Vitaliano.
En caso de que los fiscales designen la pena de muerte, necesitarían la autorización de la fiscal general Pam Bondi para proceder con el castigo más severo en el sistema legal estadounidense.
Te podría interesar: Estados Unidos buscaría la pena de muerte para Caro Quintero y otros narcos extraditados
EE. UU. impone fuertes restricciones a Rafael Caro Quintero; aislamiento total y cero comunicación
A través de un oficio enviado al juez federal Block, Komatireddy, fiscal en jefe del caso, respaldada por las autoridades de Estados Unidos, encabezadas por el Departamento de Justicia, tomaron la decisión de implementar ‘Medidas Especiales Administrativas’ (SAM por sus siglas en inglés), contra el narcotraficante Rafael Caro Quintero.
El fiscal general avaló dicha medida debido a que es considerado como un prisionero de alto nivel criminal y riesgo. Las SAM son restricciones especiales aplicadas a detenidos acusados de delitos graves como terrorismo o liderazgo de grupos criminales.
Estas restricciones incluyen la limitación de sus comunicaciones y la reducción de los privilegios de contacto con sus abogados.
Las SAM son normas que permiten al gobierno restringir el contacto de los presos peligrosos con el exterior para evitar mayores daños a la sociedad.
Estas medidas pueden resultar en condiciones extremadamente duras, además de largos periodos de aislamiento, prácticas que muchos grupos, incluidas las Naciones Unidas, consideran que pueden constituir tortura. Inicialmente, las SAM se impusieron principalmente contra detenidos de alto riesgo, como presos que habían ordenado múltiples asesinatos desde la cárcel y terroristas de alto rango condenados por asesinato en masa.
Te podría interesar: Reportan extradición a Estados Unidos de ‘El Z-40’ y ‘El Z-42’
La fiscal Komatireddy también comunicó al juez que, aunque Caro Quintero dispone de defensores designados por la Corte, diversos litigantes privados han manifestado su interés en asumir su defensa. La audiencia de revisión del caso está programada para el próximo miércoles 26 de marzo, donde se discutirá la aplicación de estas medidas especiales al capo mexicano.
La audiencia ante el juez de distrito Frederic Block está programada exactamente para el próximo miércoles 26 de marzo, a las 15:00, hora local (13:00 de México), en la corte del Distrito Este de Brooklyn.
Aunque nunca en la historia México ha extraditado un criminal para ser condenado a pena de muerte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (EE. UU.) comunicó que los fiscales federales de EE. UU. están evaluando si a seis de los 29 narcos extraditados se les pueden imputar cargos adicionales de terrorismo y violencia para que su condena escale a la pena de muerte.
El principal nombre en la lista de los narcos que pueden recibir la pena de muerte es el de Rafael “Caro” Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, y apodado como “El Narco de Narcos”. Otros narcotraficantes que podrían enfrentar esta pena son José Rodolfo Villarreal Hernández, Vicente Carrillo Fuentes, Andrés Clark, Luis Geraldo Méndez Estevane y Aliso Martín Sotelo.
La Orden Ejecutiva 14157, que designa a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras, y la Orden 14164, que restablece la aplicación de la pena de muerte para ciertos delitos, son las bases para justificar la persecución de estos criminales.
“Muchos de los acusados fueron objeto de solicitudes de extradición de larga data de Estados Unidos que no fueron atendidas durante el gobierno del presidente Joe Biden, pero que el gobierno mexicano decidió transferir al actual gobierno de Estados Unidos en respuesta a los esfuerzos del Departamento de Justicia de conformidad con la directiva del Presidente Trump”.
Los fiscales estadounidenses acusan a Caro Quintero de dirigir envíos de marihuana y cocaína mientras estaba tras las rejas y de volver al tráfico de drogas después de su liberación en 2013. Posteriormente, desarrolló redes para enviar drogas a través de Estados Unidos, según el expediente.
Caro Quintero podría enfrentar una sentencia mínima obligatoria de cadena perpetua o incluso la pena de muerte.
Además, ordena al Fiscal General buscar la pena de muerte en todos los delitos de gravedad, en especial en casos que involucren el asesinato de un agente de la ley o crímenes cometidos por extranjeros en situación migratoria irregular.
Otra disposición clave de la orden es garantizar el suministro de medicamentos necesarios para la aplicación de la inyección letal en los estados que permiten la pena de muerte, una medida suspendida durante la administración Biden.
“Para proteger su operación, el acusado utilizó la violencia libremente”, escribieron los fiscales, añadiendo que ordenó palizas y ejecuciones de sospechosos de robo o deslealtad.
El viernes también comparecerá ante el tribunal federal de Brooklyn Vicente Carrillo Fuentes, acusado de ser el exjefe del Cártel de Juárez. Si bien ese cártel está prácticamente inoperante en la actualidad, en 2019 fue acusado de tráfico de drogas y de ordenar el asesinato de miembros de cárteles rivales. Los otros sospechosos extraditados enfrentan cargos en otros estados de EE. UU. o en Washington D. C.
Caro Quintero pasó 28 años en prisión en México tras ser culpable del asesinato del exagente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena, uno de los asesinatos que cambio la historia en las guerras del narcotráfico.
El Narco de Narcos siempre negó su participación en el asesinato de Camarena y posteriormente recibió la libertad en 2013 por un tecnicismo. Acusado en un tribunal federal de Brooklyn en 2020 por tráfico de drogas y posesión de armas, y fue recapturado por las autoridades mexicanas en 2022.
Según el documento, señala que Caro Quintero creía que Camarena era responsable de la confiscación de un rancho que poseía en México, cerca de la frontera con Estados Unidos.
