En los últimos días ha incrementado la incertidumbre respecto a la aprobación de la Reforma Judicial, la cual forma parte de las 20 reformas propuestas por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.
Según el actual Ejecutivo, esta iniciativa podría ser aprobada en septiembre, una vez que Morena cuente con mayoría calificada en la Cámara de Diputados y mayoría relativa en la Cámara de Senadores.
Sin embargo, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, mencionó que primero habrá que realizar un parlamento para conocer los pros, contras y opiniones de expertos en la materia.
No obstante, mientras se nos entrega un panorama real de cuáles serán las consecuencias de aprobar dicha Reforma Judicial, se pueden analizar antecedentes de esta ley.
Para ser más específicos, la historia de una modificación al Tribunal Constitucional del país sudamericano.
¿Cuáles fueron los resultados del poder judicial en Bolivia?
De acuerdo con las leyes bolivianas, la modificación a su poder judicial se realizó en 2009, momento en que la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia introdujo el sistema de elección popular de cortes más altas de la justicia.
Este afecto directamente a sus órganos superiores del sistema judicial, los cuales son:
- Tribunal Constitucional
- Tribunal Supremo
- Consejo de la Judicatura
Para presentar información al respecto, el expresidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez Veltzé realizó un análisis de las consecuencias en el programa de Aristegui Noticias.
En las anotaciones del antiguo ejecutivo, las modificaciones al poder judicial no funcionaron para cambiar los problemas estructurales del sistema de impartición de justicia.
“Mi experiencia, con el mayor respeto, es que los jueces nombrados popularmente no cambiaron ni están siendo capaces de cambiar en Bolivia, por lo menos, problemas estructurales que tiene en relación con otros temas y más bien si tienen una injerencia política partidaria de simpatía en alguna forma a la elección contribuyen más bien a un proceso regresivo de ese propósito”, mencionó Veltzé.
Además, enfatizó que las campañas electorales de los magistrados no existen y eso ocasiona un desconocimiento de la ciudadanía, lo cual ha ocasionado una cantidad impresionante de votos nulos.
Los datos señalan que, durante las elecciones de 2011, el total de votos nulos correspondía al 59 por ciento de los sufragios. Mientras que para 2017, esta cifra ascendió al 64 por ciento.
Asimismo, explicó que en las dos experiencias electorales han demostrado que el partido en turno preselecciona a sus candidatos con fines partidarios, lo cual vulnera la autonomía del poder judicial del legislativo.
“Está claro que las dos experiencias previas revelaron que el partido dominante preseleccionó con criterios partidarios a esos candidatos, si no precisamente por sus méritos”, mencionó.
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