En México, se ha oficialmente constatado la existencia de 354 individuos que fueron “privados de su libertad por una entidad policial o militar” (desapariciones forzadas) entre los años 2006 y 2023.
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Esta información proviene del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, perteneciente a la Secretaría de Gobernación federal.
A esta cantidad se deben agregar al menos otras 72 personas en el mismo periodo, que también están incluidas en este registro oficial, aunque no se les considera víctimas de agentes oficiales.
No obstante, sus familiares sí atribuyen los acontecimientos a las autoridades estatales o federales de seguridad.
De manera global, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas del gobierno federal abarca un total de 426 casos acumulados durante la época de la lucha contra el crimen organizado, en los que la “corporación policiaca o militar” es señalada por la autoridad o los familiares como la responsable de los sucesos.
Las desapariciones forzadas en México han sido objeto de denuncia al menos desde los años 60 del siglo pasado, pero esta representa la primera ocasión en la que se puede tener acceso a una lista de víctimas atribuidas a cuerpos de seguridad pública y seguridad nacional, elaborada por las mismas instancias gubernamentales mexicanas.
En el transcurso del periodo de confrontación con el crimen organizado, este listado abarca 391 casos de individuos de sexo masculino y 35 de sexo femenino.
De estos eventos, 96 ocurrieron durante el gobierno de Felipe Calderón; 176 tuvieron lugar en la administración de Enrique Peña Nieto; y hasta el momento, en la administración liderada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se han contabilizado 154 casos.
Sin embargo, estas no son todas los damos de desapariciones forzadas en los que se ha comprobado la participación de los cuerpos de seguridad pública, simplemente son los casos reconocidos por la autoridad en su Registro Nacional.
Debido a esto, las cifras del registro son inferiores a la realidad, tomando en cuenta que las fiscalías de justicia del país no dan seguimiento a las denuncias, ni actualizan la información.
