El Instituto Nacional Electoral (INE) emitió una controversia constitucional en contra de las Cámaras de Diputados y de Senadores, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y del secretario de Gobernación, Adán Augusto por las aprobaciones de las recientes reformas de Ley General de Comunicación Social y Ley General de Responsabilidades Administrativas vulneran la Constitución y violan sus funciones.
Dicha solicitud fue aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la confirmación se presentó por medio del Alberto Pérez Dayán, quien ratificó la resolución de la controversia constitucional 29/2023.
El paquete de enmiendas impugnado por la autoridad electoral es conocido como la primera parte del “Plan B’’ de reforma electoral.
“El promovente de la controversia sostiene que el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en las porciones normativas que destaca, vulnera las disposiciones 1, 6, 7, 35, 41 y 134 de la Constitución Federal; así como producen una violación directa a las funciones que, como órgano constitucional autónomo, le confiere el texto constitucional, esto es, que el Decreto combatido obstaculiza la función que realiza con fundamento en los artículos 41 y 134 constitucionales como garante, entre otros principios, de la equidad en la contienda electoral, en donde la comunicación social y la propaganda gubernamental tienen una importante incidencia”, cita la notificación.
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Además de la queja del INE, Marco Antonio Bonilla Mendoza, presidente municipal de Chihuahua, Chihuahua, emitió la queja 15/2023 en contra de la primera parte del “Plan B’’ de reforma electoral, pero Pérez Dayán negó la suspensión solicitada.
“En virtud de la naturaleza e importancia de esta medida cautelar, se habilitan los días y las horas que se requieran para llevar a cabo las notificaciones del presente acuerdo’’, mencionó Dayán.
Cabe recordar que el pasado 21 de febrero, el ministro admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el PRD, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, y las minorías parlamentarias en las cámaras de Diputados y de Senadores, contra el decreto por el que se reforman las mismas dos leyes citadas y concedió su suspensión por lo que las enmiendas legales no regirán en los procesos electorales de gobernador que se encuentran en desarrollo en el Estado de México y en Coahuila, cuyos comicios se realizarán el próximo 4 de junio.
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Ello, por considerar que el decreto impugnado se promulgó en el plazo de veda electoral previsto por la Constitución Federal; contiene modificaciones legales fundamentales y porque de no concederse la suspensión su aplicación podría causar afectaciones irreparables al sistema democrático.
