Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, reveló que la dependencia detectó a 19 empresas que cometieron actos de corrupción y prácticas monopólicas a través de los procesos de contratación de servicios de laboratorio clínico y banco de sangre de hospitales públicos.
El secretario explicó que de las 19 empresas incurrieron en estos actos, 13 fueron sancionadas por la dependencia.
“De las 121 empresas que prestan los servicios, 102 han actuado conforme a la ley, tanto en el proceso de contratación como en la prestación del servicio observatorio. Las restantes 19 empresas han incurrido en actos de colusión, principalmente en contrataciones anteriores a la actual administración, al haber realizado acuerdos con objeto de repartirse ilícitamente las contrataciones mediante la omisión de información durante las disipaciones, a fin de que resultara ganadora la o las empresas que habían acordado”, señaló el titular de la Función Pública
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De igual manera, se dio a conocer que seis, de las 19 empresas, realizaron prácticas monopólicas. Tomando en cuenta esto, la SFP determinó sancionar a 13 de las 19 que fueron identificadas incurriendo en estas faltas.
Salcedo Aquino dio a conocer que llevaran a cabo 24 inhabilitaciones de entre uno a siete años para participar en procedimientos públicos y licitatorios. También impondrán multas que rondan los dos mil millones de pesos. Sobre estas, detalló que algunas de las sanciones se encuentran en proceso de resolución, pues se han presentado recursos legales por parte de las empresas.
También se reveló que durante el periodo de 2021 a 2023, existieron procedimientos de contratación en los que participaron 158 empresas:
- 121 contratadas para brindar servicios de laboratorio clínico y Banco de sangre
- 89 para laboratorio clínico
- 32 para banco de sangre
Por otro lado, Salcedo Aquino manifestó que entiende la preocupación por la posibilidad de que algunas de estas empresas eviten las sanciones utilizando filiales o cambiando su razón social para seguir participando en contrataciones públicas.
