La Fiscalía General de la República (FGR) anunció este 14 de mayo que presentará una denuncia penal contra la jueza Jovita Vargas Alarcón, titular del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, por supuestamente brindar una “escandalosa protección” al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien enfrenta acusaciones por peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta.
De acuerdo con la FGR, Silvano “A” no se presentó a una audiencia judicial programada para el pasado 9 de mayo, en el marco del juicio penal en su contra. A pesar de esta ausencia, la jueza consideró al imputado como comparecido, basándose en un escrito no ratificado por el exgobernador, lo que ha sido calificado como una irregularidad procesal por el Ministerio Público de la Federación (MPF).
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La jueza pospuso la audiencia por tres meses, contradiciendo el artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que exige un plazo máximo de 15 días para este tipo de diligencias. Además, según la FGR, la suspensión de la orden de aprehensión vigente contra Silvano Aureoles fue realizada sin sustento legal, otorgándole una protección parcial e injustificada.
Ante estos hechos, la Fiscalía que encabeza Alejandro Gertz Manero confirmó que presentará una denuncia penal contra la jueza, además de iniciar una queja procesal en su contra por estas presuntas irregularidades.
Acusaciones contra Silvano Aureoles
Silvano Aureoles es investigado por un presunto quebranto patrimonial de 3 mil 412 millones de pesos, derivado de la compra a sobreprecio de cuarteles para la Guardia Civil durante su gestión como gobernador. Los contratos bajo sospecha corresponden a inmuebles en los municipios de Huetamo, Apatzingán, Coacolmán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.
El MPF ha señalado tanto al exmandatario como a cuatro de sus excolaboradores por estos hechos, que podrían configurar diversos delitos de carácter federal.
La FGR reiteró su compromiso con el combate a la corrupción y aseguró que no permitirá la impunidad, advirtiendo que actuará legalmente ante decisiones judiciales que, a su juicio, entorpecen la justicia y favorecen a los presuntos responsables.
