Durante la sesión de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se reconoció que la prohibición total del aborto voluntario viola los derechos de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar.
Ante esto, los ministros buscarán promover amparos para imponer demandas contra los gobernadores y congresos locales que no hayan reformado sus códigos penales para garantizar el derecho a decidir.
El expediente fue registrado como contradicción de criterios 412 / 2022, el cual se basó en que desde septiembre de 2021, cuando la SJCN reconoció que en Coahuila era inconstitucional penalizar el aborto, en distintos estados los tribunales fundamentaron contradicción de criterios, para buscar que el aborto no se despenalizara, ni que se pudieran interponer amparos.
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Dicha resolución también consideró que las normas penales que criminalizan el aborto afectan con su sola presencia a las mujeres, por lo que estas no tendrán que estar embarazadas para presentar un amparo a favor de sus derechos sexuales y reproductivos.
En el caso de Durango y Yucatán, los funcionarios afirmaron que las normas que criminalizan el aborto no afectan a quiénes no están embarazadas, por lo cual no se les permite solicitar amparos en este sentido.
Dicha situación contrasta con Chihuahua, en donde se reconoce que toda mujer con capacidad de gestar puede ampararse para decidir sobre su cuerpo.
