Durante el fin de semana pasado, las calles de Los Ángeles se convirtieron en el centro de cientos de protestas desatadas tras una serie masiva de redadas migratorias llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que provocó decenas de calles cerradas, además de cientos de arrestos y combates entre las fuerzas de seguridad y los protestantes. La respuesta del presidente Donald Trump no se hizo esperar. Para apaciguar el clima tenso y lleno de incertidumbre, Trump emitió una orden directa para desplegar 2,000 elementos de la Guardia Nacional con el objetivo de acabar con las protestas.
Las protestas, organizadas inicialmente por colectivos de defensa de los derechos de los migrantes, derivaron en choques violentos que dejaron decenas de heridos y múltiples arrestos. En respuesta, Trump firmó el sábado un memorando para desplegar tropas con el fin de “abordar la anarquía” en la segunda ciudad más grande del país.
“Looking really bad in L.A. BRING IN THE TROOPS!!!”, escribió el presidente en su red social Truth Social. En otros mensajes, pidió arrestar a manifestantes que cubren sus rostros y arremetió contra los líderes locales, a quienes culpó por permitir el “caos”.
El gobernador de California, Gavin Newsom, respondió con dureza ante las amenazas de ser arrestado por supuesta obstrucción a la ley de inmigración.
“Vengan a por mí, arréstenme, acabemos con esto de una vez, tipo duro (…) Me importa un bledo, pero me importa mi comunidad”, desafió Newsom en una entrevista con MSNBC. El gobernador también reprobó la medida de desplegar a las tropas de la Guardia Nacional.
Además de las protestas en las calles, la disputa también se ha convertido en una pelea entre republicanos y demócratas. Mientras Trump denuncia las protestas como organizadas por “agitadores radicales de izquierda y alborotadores pagados”, las autoridades locales, incluida la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, han defendido el derecho a la protesta y han criticado lo que consideran una militarización innecesaria de la ciudad.
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Por su parte, Tom Homan, zar fronterizo de Trump, advirtió que cualquier persona que interfiera con las operaciones de ICE será perseguida judicialmente, incluso si se trata de funcionarios electos. “Si cruzas esa línea, es un delito albergar y ocultar a un inmigrante ilegal. Es un delito impedir que las fuerzas del orden hagan su trabajo”, aseguró.
Por su parte, el subdirector del FBI, Dan Bongino, aseguró que no se detendrán ante amenazas ni disturbios: “Las operaciones de inmigración ilegal continuarán, y cualquiera que use la violencia para obstruirlas o impedirlas será investigado y procesado”.
En contraparte, varias organizaciones de derechos civiles han criticado duramente la medida. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) y Human Rights Watch han denunciado que el despliegue militar representa una escalada autoritaria que pone en peligro las libertades fundamentales. Las redes sociales, mientras tanto, se llenaron de imágenes de tropas patrullando calles de Los Ángeles, generando comparaciones con zonas de conflicto.
