A partir del próximo lunes, entra en vigor la Reforma Laboral para plataformas digitales que busca garantizar seguridad social y derechos laborales para más de 650 mil trabajadores que laboran como repartidores y conductores a través de aplicaciones como Uber, Didi y Rappi.
Esta medida, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, establece la implementación obligatoria de un programa piloto que comenzará el 1 de julio. Su objetivo es evaluar los nuevos esquemas de contratación y cobertura de seguridad social para quienes desempeñan funciones mediante plataformas tecnológicas.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) detalló que las empresas deberán registrar sus contratos ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral a través de la plataforma digital “Siva-Contratos”. Este sistema fue diseñado para facilitar el cumplimiento legal de las empresas sin afectar la operación flexible de las aplicaciones.
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Participación empresarial y desinformación
Aunque el proceso ha contado con la participación de representantes de las principales empresas de plataformas durante más de 30 reuniones, algunos grupos de repartidores han señalado falta de claridad en la información proporcionada por las compañías.
Sergio Guerrero, secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación, denunció campañas de desinformación impulsadas por las propias plataformas digitales. “La desinformación no puede frenar el avance de nuestros derechos laborales”, declaró.
Guerrero también criticó que Uber y otras empresas estén difundiendo mensajes alarmistas y apoyando movilizaciones de grupos minoritarios con el fin de oponerse a la aplicación de la reforma. “Estas acciones buscan generar miedo e incertidumbre entre repartidores y conductores, utilizando argumentos infundados”, agregó.
Objetivos de la reforma
La Reforma Laboral para plataformas digitales tiene como eje principal mantener la flexibilidad del trabajo por aplicación, pero integrando esquemas de protección social que incluyan acceso a servicios médicos, aportaciones al fondo de retiro y otros beneficios laborales.
El gobierno reiteró que continuará promoviendo campañas informativas para contrarrestar la desinformación y asegurar que todos los trabajadores conozcan sus nuevos derechos. “El empleo flexible no debe significar precariedad laboral”, señalaron fuentes oficiales.
El programa piloto será clave para afinar la aplicación plena de la reforma en 2025, cuando las disposiciones se harán obligatorias para todas las plataformas que operen en territorio mexicano.
